Piñera se salió de la ley y de la Constitución
El actual presidente de la
República, Sebastián Piñera se salió de la ley cuando quiso aplicar el artículo
número 43 de la Constitución sobre los Estados de Catástrofe, el cual en
ninguna parte indica que hay que cerrar los negocios por considerarlos esencial o no y que hay que
negarles a las personas la libertad de movimiento.
Incluso se puede afirmar que el confinamiento atenta
contra la vida de las personas, pues no pueden trabajar. La abogada Marcela
Arroyo Mautteucci lo describe mejor en su columna “Estado de Excepción,
Derechos Ciudadanos y Tribunal Constitucional”: “Chile vive una tiranía sanitaria inédita,
amparada por un estado de excepción constitucional, cuyo objetivo debiera ser
el restablecimiento de la normalidad, pero que ha sido utilizado para encubrir
la imposición de una “Nueva Normalidad”. En la cual el Gobierno nos expropió la
Libertad -siendo la más evidente la de locomoción y reunión-, la Propiedad
sobre el trabajo y desarrollo de una actividad económica, y la Vida misma en su
función vital de respirar lo suficiente para sostenerla El”. El mencionado artículo lo
pueden encontrar en internet.
Ella habla de imponer una “Nueva Normalidad”. Lo que está
haciendo el gobierno no es normal, pues intenta cambiar por la fuerza un modo
de vida.
La Nueva Normalidad es esclavitud como escribí el año
pasado. Y es el nuevo orden mundial.
El artículo N° 7 de la
Constitución establece que “Los órganos del Estado actúan válidamente previa
investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la
forma que prescriba la ley”.
A reglón seguido agrega:
“Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas puede atribuirse,
ni bajo circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que
expresamente se les haya conferido en virtud de la Constitución y las leyes”.
La expresión “ni bajo circunstancias extraordinarias” significa como
recordó un Abogado por la Verdad chileno que ni siquiera en una pandemia al
estilo de la Peste Negra puede salirse de las leyes. Antes de que terminara el
2020 se sabía que el virus era de baja letalidad. Eso lo dijo oficialmente la
Organización Mundial de la Salud el año pasado. Aquí la autoridad siguió
actuando como si nada.
Pues bien, el actual
mandatario se ha salido de la Constitución y las leyes, ya sea porque ahora
sabemos que las cuarentenas son inconstitucionales como también lo son todas
las restricciones que se han impuesto desde mediados de marzo del 2020. Ahora
tenemos, además, más conocimientos. Con lo cual, podemos concluir que todas las
medidas tomadas por el gobierno no tienen ninguna base científica que lo
respalde.
El carnet verde viola la
Constitución como asimismo todos los permisos que hay obtener de manera online.
Todo comenzó el año pasado con el permiso de la Comisaría Virtual. Ese pase es
para obtener libertad, que tenemos resguardada en la carta magna.
La Cámara de Diputados al establecer
el carnet de movilidad también está violando la Constitución. La extorsión es
te inoculaci0ns y te damos libertad. Las personas nacen libres.
El ejecutivo, el parlamento y ahora se suma el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, el
cual está condicionando las ayudas estatales si están las personas inoculaci0ndas.
A raíz de la cuarentena que la Región Metropolitana José Antonio Kast se
han quejado de que esa restricción viola nuestros derechos constitucionales.
Además, del toque de queda. Sin embargo, no ha dicho nada del carnet de
movilidad que te exigen para entrar al supermercado, hacer deportes y trámites.
Se dijo que la mal llamada inoculaci0n es voluntaria. También es una dictadura en
el sentido moderno de la palabra, en que el gobernante se arroga poderes que no
les corresponde. Una dictadura cientificista.
Los defensores de los derechos individuales si bien han manifestado que las
cuarentenas son irracionales y no sirven como Alex Kaiser. Sin embargo, no ha
dicho nada que el gobierno no puede obligar a las personas a inoculaci0nrse, ya que
están en etapa de experimentación. Por tanto, el estado está violando el Código
de Ética de 1947 o 1948, el Tratado de Helsinki y el acuerdo de Bioética del
2005.
Al trasgredir esos tratados se le está violando los derechos humanos a las
personas. Por tanto, se puede concluir que tanto el INDH como la comisión de
derechos humanos de la parlamento son cómplices pasivos y activos.
En un canal de Youtube encontré el siguiente comentario:
“Desgraciadamente tengo q ir a votar
igual porque si no lo hago después me pueden llamar como vocal de mesa y me van
a obligar a inoculaci0nrme y ahí se va a formar una guerra en donde me van a hacer
perder.. los no inoculaci0ndos somos los malos de la película.. pero igual.voy a
formar parte de los 500 millones q tienen q quedar vivos para el 2030 y el
palacio Cousiño va a ser mi escondite y mi nueva. casa ya alguien lo va tener q
cuidar”.
O sea, quieren meter la inoculaci0n experimental
como sea.
Sin embargo, abogados ha
salido a defender nuestros derechos inalienables consagrados en la Constitución. Cito el
texto del sitio web Tierra Pura “Este martes 2 de junio, un grupo de abogados
chilenos liderados por María Loreto Retamal, presentaron una acción constitucional
de nulidad de derecho público en contra de la mayoría de normas legislativas de
la administración, hechas para llevar adelante la pandemia en Chile. Entre
ellos se encuentra el Decreto de Excepción Constitucional que declaró el Estado
de Catástrofe”.
Luego cita un extenso
texto:
“Hoy martes 2 de junio del 2021 se ha presentado
una acción civil de Nulidad de Derecho Público ante el 22• Juzgado Civil de
Santiago. Esta acción constitucional ha sido ejercida por 4 abogados chilenos,
quienes demandan al poder ejecutivo, específicamente al Presidente de la
República de Chile, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ministerio de
Salud, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores,
Ministerio del Trabajo y Previsión social, Ministerio de Hacienda, a través de sus
respectivos ministros del cargo. El objeto de esta acción es que se
declare la nulidad absoluta de los decretos supremos Nº4 de 2020; Nº104 de
2020, Nº107 de 2020; Nº269 de 2020; Nº23 de 2020; Nº400 de 2020, Nº646 de 2020;
Nº1 de 2021; Nº 72 de 2021; Nº82 de 2021, Nº8 de 2021; Nº 124 de 2021 y Ley
21342 publicada el día de ayer. El fundamento de dicha acción, dice
relación con el hecho de que estos decretos y Ley adolecen nulidad
absoluta, ya que, en Chile jamás han existido los presupuestos
médicos sanitarios, ni las circunstancias fácticas necesarias para que el
Presidente de la República de Chile haya podido establecer la existencia de un
estado de excepción de catástrofe por calamidad pública y consecutivamente
arrogarse todas las facultades y atribuciones que no tiene y nunca ha tenido,
para establecer todas y cada una de las medidas restrictivas y privativas de
nuestros derechos esenciales garantizados por nuestra Constitución que
emanan de nuestra naturaleza humana y que son inalienables a nuestras personas
y anteriores al Estado”.
Una salida fácil para
volver a la normalidad, es que las Fuerzas Armadas y Carabineros no obedezcan
al presidente de la República, pues se salió de ley y de la Constitución.
Javier Bazán
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